Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial manifestaron recientemente su preocupación por el aumento de casos de discapacidad en el mundo y formularon recomendaciones a los estados miembros, a las que Argentina dio respuestas categóricas.
En su primer informe mundial sobre el tema, publicado en 2011, la OMS formuló una serie de consideraciones y recomendaciones y propuso a los países miembros que examinen las políticas sanitarias y la legislación sobre discapacidad que tenían en vigencia y sugirió la reasignación de recursos a los fines de disminuir los obstáculos que padecen las personas con discapacidad.
El decreto que reglamenta la ley 25.415 -Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia-, sancionada en 2001, apunta a promover el desarrollo del lenguaje y la integración social en quienes padecen esta enfermedad.
La norma establece la obligatoriedad y gratuidad para realizar en todo recién nacido exámenes auditivos, a los fines de detectar un déficit en la audición y potenciar la intervención oportuna.
La incidencia de la hipoacusia infantil, causante de discapacidad, es del 5 por mil en recién nacidos, y en las formas moderadas a profundas la cifra oscila entre el 1 y el 3 por mil, en tanto que en las severas a profundas es de 1 por cada mil. La carencia de un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado inhabilita al niño que presenta dificultad auditiva en su desarrollo neurosensorial y en la inserción social.
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